750.000 millones de euros para luchar contra el coronavirus.

La severidad de la situación actual y los efectos económicos derivados de las medidas fiscales y de distanciamiento social están forzando a los gobiernos a actuar de manera muy rápida. Hasta ayer, los apoyos fiscales de los principales gobiernos europeos se estaban realizando con un ojo puesto en los mercados de deuda pública debido al rápido aumento de los costes de financiación de esta. Los incrementos rápidos de las primas de riesgo hacían que se comenzara a vislumbrar una situación parecida a la de la crisis de 2012 sin embargo, la contundente actuación de ayer por parte del Banco Central Europeo ha cambiado por completo la situación, inyectando un balón de oxígeno a los gobiernos de la periferia europea.

Los incrementos anteriores se debían principalmente al error de comunicación cometido por Christine Lagarde en la última comparecencia del BCE que tuvo lugar el pasado jueves día 12. Las dudas que sembró la presidenta de la institución, afirmando que el BCE no era el encargado de controlar la evolución de la prima de riesgo, desataron turbulencias en el mercado de deuda pública europea. A la comparecencia anterior se sumaron rápidamente las declaraciones de varios reputados economistas del BCE haciendo hincapié en que la institución monetaria si que intervendría en el mercado de deuda pública europea en caso de necesitarse. A pesar de eso, la tímida actuación del BCE y las declaraciones del gobernador del banco central austriaco Robert Holzmann afirmando que la política monetaria había ya alcanzado sus límites, continuaron aumentando la incertidumbre.

Después de una semana de agonía para los spreads soberanos, la cuestión del rol que va a tener el BCE ante la crisis del coronavirus quedó al fin zanjada. La reunión de emergencia mantenida el día 18 en Frankfurt por parte del Consejo de Gobierno dio luz a la aprobación del Pandemic Emergency Purchase Programme, un programa a través del que se inyectarán unos 750.000 millones de euros en la economía europea hasta finales de año. De acuerdo con el comunicado oficial realizado por la institución, los recursos se inyectan con los objetivos de aliviar las tensiones en la economía europea y asegurar el normal funcionamiento de los mecanismos de transmisión monetaria. Para la obtención de los objetivos, el BCE se ha comprometido a la adquisición de bonos en el sector público (en el mercado secundario) y en el privado de una manera flexible, a la ampliación de los activos elegibles para el Corporate Sector Purchase Programme y a la disminución de los estándares exigidos al collateral requerido para tener acceso a la financiación.[1]

Las acciones tomadas por el BCE los días 12 y 18 de marzo envían el mensaje de que la institución, con una inyección de 870 millones de euros, muestra su completa colaboración con los gobiernos europeos para minimizar los efectos derivados de la irrupción del coronavirus. Los efectos positivos sobre los mercados de deuda de los países periféricos no se han hecho esperar habiéndose ya observado una disminución de 60 puntos básicos en la prima de riesgo italiana y de 42 en el caso de la española en menos de un día.

¿Qué podemos esperar en las próximas semanas?

De alargarse esta crisis más de lo previsto, la utilización de los recursos quedará rápidamente condicionada a los límites de adquisición de deuda pública del 33% autoimpuestos por el BCE. Estos, de no cambiarse podrían ser interpretados como un límite por parte de los mercados financieros. Pese a esto, dadas las necesidades actuales y la colaboración mostrada a nivel europeo, el incremento de los límites de adquisición parece que se da por descontado.

En el plano fiscal, además de las iniciativas fiscales a nivel individual que ya se están llevando a cabo, las próximas semanas pueden suponer la actuación fiscal a nivel conjunto por parte de la Unión Europea. Hasta ahora las medidas fiscales tomadas en el ámbito europeo se han mostrado bastante tímidas ya que únicamente se han movilizado 37.000 millones de euros de los fondos regionales. A pesar de esto, el próximo movimiento por parte de la UE podría venir a través de la movilización de los recursos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)[2] que actualmente cuenta con 410.000 millones de euros y con la opción de captar financiación en el mercado. El MEDE es el un mecanismo de asistencia financiera creado por la UE en el punto álgido de la doble recesión europea para asistir a aquellos países que hubieran perdido el acceso a los mercados. Tal y como fue concebido, la activación de este requeriría de la elaboración de un memorándum de entendimiento, de la aceptación parlamentaria y de cierta condicionalidad. La necesidad de actuar rápidamente y el consenso político actual por el cuál ningún país ha de ser penalizado por la utilización de recursos hacen posible que los mecanismos de activación y utilización de este puedan ser alterados. Entre las principales ideas consideradas por el momento están las de provisiones generalizadas (para evitar posibles estigmas) de líneas de crédito sin condicionalidad.

Por el momento, los únicos estados que se muestran reticentes a la utilización de este mecanismo son Alemania y Países Bajos. Estos declararon en la reunión mantenida por los ministros de finanzas de la UE el pasado día 16 que no es el momento para la utilización del MEDE ya que la peor parte de la crisis está aún por llegar y que el uso del mecanismo podría enviar una señal de que la Eurozona esta ante una situación bastante comprometida.

Otras alternativas que se están planteando estos días son las de la creación de “Coronabonos” y la implementación del denostado helicóptero monetario.  Con relación a los “Coronabonos”, el cambio de tono por parte de Alemania con respecto a los Eurobonos en la videoconferencia mantenida por los dirigentes europeos el día 17, hace pensar que en un futuro no muy lejano la idea de un bono a nivel europeo podría ver la luz. En cuanto a la idea del helicóptero monetario, lanzada hace unos días por el economista Jordi Galí, pone también sobre la mesa la utilización de este mecanismo para financiar transferencias a familias a través de la emisión de dinero por parte de los bancos centrales con el objetivo de evitar efectos indirectos de esta crisis a más largo plazo.

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